Un expresidente de Costa Rica, acusado de recibir comisiones millonarias

La Fiscalía General de Costa Rica ha acusado
de supuesto delito de peculado al
expresidente costarricense Miguel Ángel
Rodríguez Echeverría ante un juzgado penal y
ha solicitado abrir juicio en su contra.
Rodríguez habría cobrado comisiones en un
millonario negocio con firmas reaseguradoras
transnacionales establecidas en México y
Reino Unido durante su mandato, según la
Fiscalía.
La acusación contra Rodríguez, que gobernó
de 1998 a 2002, fue presentada el pasado 30
de julio ante el Juzgado Penal de Hacienda
del Segundo Circuito Judicial de San José,
pero no había trascendido públicamente. El
diario español El País ha accedido a una
copia completa del documento de la Fiscalía,
en la que también se solicita acusar a otros
dos exfuncionarios de alto rango del estatal
del Instituto Nacional de Seguros INS).
Rodríguez, de 69 años, ha asegurado a través
de un correo electrónico que envió a EL PAÍS,
se trata de una “burda persecución” y que
“esto se debe dilucidar en los Tribunales, no
en ningún otro ámbito. "Ahí demostraremos
que este es un caso sin ningún fundamento”.
“Cabe, sin embargo, señalar que estos
hechos se empezaron a investigar en 2001.
Hace 12 años. En 2005, hace ocho años, el
propio Ministerio Público solicita y obtiene
que se desestime la causa”, ha añadido.
El 25 de septiembre de 2012 la Fiscalía, en
audiencia ante un juez, “indicó que no se
determinaba participación alguna de Miguel
Ángel Rodríguez en estos hechos relacionados
con viajes y programas de capacitación del
INS y anunció que pediría sobreseimiento en
ese caso”, ha recordado el expresidente.
“Los hechos son los mismos, pero menos de
un año después, la Fiscalía cambia de
criterio. No hay ninguna base jurídica para
esta acusación y así se dejará en claro ante
los jueces de la República. El Ministerio
Público se contradice a sí mismo y presenta
una acusación sin base jurídica ni probatoria.
Ante semejante proceder, solo queda una
explicación: esto es una simple y burda
persecución”, ha concluido.
La investigación judicial se basa en supuestos
pagos de aproximadamente 2,1 millones de
dólares realizados de 1998 a 2002 por una
reaseguradora. Los hechos descritos por la
Fiscalía también involucran a aseguradoras y
reaseguradoras internacionales instaladas en
España, Estados Unidos y Alemania, pero no
se les culpa de ningún cargo.
Cuando el caso estalló en 2006, Rodríguez
declaró al periódico La Nación por medio de
su abogado Rafael Gairaud que desconocía el
origen del dinero y que durante su gobierno
se desligó del manejo de las cuentas
bancarias y sus empresas.