Se hacen populares las cárceles privadas

En casi todas las regiones del mundo hay
países que adoptan un sistema penitenciario
privado promovido por Estados Unidos, pese a
que la evidencia acumulada muestra que no
son rentables ni ofrecen servicios adecuados.
Nuevos datos divulgados el martes 20 revelan
que casi una decena de países en África ,
América del Norte, América del Sur, Asia
Pacífico y Europa, instauran centros de
detención privados con fines de lucro en sus
sistemas penales.
El modelo surgió en Estados Unidos, donde
ahora se trata de disminuir la población
carcelaria. Esto derivó en la exportación de
conocimientos sobre penitenciarías privadas.
El creciente interés internacional “ayudó a las
compañías de cárceles privadas de Estados
Unidos a diversificar sus inversiones en un
momento en que el número de reclusos en
este país se estancó”, señala un estudio
divulgado por Sentencing Project, un grupo de
estudio con sede en Washington.
“Por ejemplo, 14 por ciento de los ingresos
de la segunda mayor compañía del sector en
Estados Unidos, Geo Group, procedieron de
los servicios internacionales en el año fiscal
2012″, ilustra el informe.
El creciente interés mundial en la
privatización de cárceles fue también una
bendición para las empresas británicas, en
particular para G4S y Serco.
Todas esas compañías “prosperaron a raíz de
la privatización generalizada de
penitenciarías y de los sistemas de detención
de inmigrantes, entre otros servicios del
Estado”, explica el informe, “aunque por lo
general no cumplen con los servicios
prometidos”.
De hecho, numerosos críticos acusan a las
compañías carcelarias, con requisitos
explícitos de recortar fondos, de ofrecer
condiciones y servicios peores que los
sistemas estatales (para más información al
respecto, puede
leer aquí y aquí).
La Corte Suprema de Justicia de Israel
bloqueó en 2009 una iniciativa del gobierno
para abrir una cárcel privada. El alto tribunal
alertó de que la transferencia de tal
responsabilidad “atentaría dura y gravemente
contra los derechos humanos de los reclusos”.
Las empresas suelen justificar sus
operaciones en términos de mayor eficiencia
del servicio.
La Corporación de Correccionales de América
(CCA), fundadora de esta tendencia a
principios de los años 80 y actualmente la
mayor compañía del sector en Estados
Unidos, explica que “combina la eficiencia y
la efectividad empresarial con estándares,
normas y controles estatales por menos
dinero del que requieren las agencias
públicas para funcionar”.
CCA indicó que tiene 80.000 reclusos en 60
centros de detención, 40 de los cuales son de
su total propiedad.
Pero organizaciones y gobiernos critican cada
vez más el argumento de rentabilidad del
este modelo. Un organismo de control del
estadounidense estado de Arizona concluyó
en 2010 que las cárceles privadas le costaban
16 por ciento más que las públicas.
En informe poco usual, el movimiento
Anonymous alertó el mes pasado de que ya
no era rentable invertir en CCA.
Historias de logros Los países que
actualmente cuentan con cárceles privadas o
están por implementarlas incluyen a Brasil,
Chile, Grecia, Jamaica, Japón, México, Perú,
Sudáfrica y Tailandia, aunque el sector sigue
dominado por las naciones ricas, y en
especial las angloparlantes, señala el
informe de Sentencing Project.
Estados Unidos es el país con más presos en
cárceles privadas, unos 131.000 en 2011. Eso
se debe en gran parte a que también es el
que más personas envía a prisión, 1,5
millones, alrededor de la cuarta parte de la
población
carcelaria mundial.
Pero varios países más cedieron una parte
mayor de sus sistemas penales a compañías
privadas. Según los últimos datos, Australia,
Gran Bretaña y Nueva Zelanda tienen entre
10 y 20 por ciento de sus presos en recintos
privadas.
Los números aumentan cuando se trata de
centros de detención de inmigrantes, un rubro
en el que destacan particularmente las
empresas privadas.
Gran Bretaña, por ejemplo, mantiene a tres
de cada cuatro personas acusadas de infringir
normas de inmigración en instalaciones
privadas. Australia, por su parte, privatizó
totalmente las cárceles para inmigrantes.
“Como hay grandes países desarrollados que
avanzan en esa dirección, naturalmente eso
genera interés en otros países”, explicó Cody
Mason, autor de este último informe y
consultor de Sentencing Project.
Empleados de “compañías privadas, en
Estados Unidos y en otros países, suelen
viajar e invitar a los legisladores a conocer
sus instalaciones, con lo que dan a entender
que su enfoque resolverá sus problemas. Se
promueven como la gran alternativa para
resolver el hacinamiento, los servicios
estándares y el aumento del costo de las
cárceles”.
Nuevos mercados En Estados Unidos, el
hacinamiento de las cárceles se volvió un
gran problemas después de tres décadas de
una política de “tolerancia cero contra la
delincuencia”, promovida por los legisladores.
La superpoblación en algunos penales excede
40 por ciento de su capacidad y derivó en
acusaciones de masivas violaciones de
derechos humanos.
El 12 de este mes, el fiscal general, Eric
Holder, realizó un anuncio considerado
histórico, en el que pide al Departamento de
Justicia que comience a tomar medidas para
disminuir la población carcelaria.
Hay otras disposiciones en marcha en el
ámbito del Congreso legislativo para
implementar cambios permanentes en el
funcionamiento del sistema penal.
Ese tipo de medidas podrán derivar en el fin
bipartidista de la era de la “tolerancia cero”,
pero sin duda inquieta a las compañías de
cárceles privadas de Estados Unidos.
Todavía no está claro cómo el lobby
empresarial podrá fortalecerse en el marco
de esta nueva tendencia, pero Cody Mason
opinó que ya gastaron millones de dólares en
medidas de presión en torno a ella.
El lobby empresarial se concentró en la
revisión pendiente del sistema de
inmigración. El informe de Mason señala que
las compañías tienen “antecedentes de
contribuir con los defensores de leyes duras
para la
detención de inmigrantes” sin documentos en
regla.
Según cifras oficiales, el gobierno federal
detendrá este año a unas 400.000 personas
por infringir normas inmigratorias, lo que le
costará unos 2.000 millones de dólares.
Pero un nuevo proyecto de ley, aprobado por
el Senado pero en el limbo en la Cámara de
Representantes, dará lugar a cambios que
seguramente serán significativos.
“Con seguridad habrá una respuesta
corporativa a estas cuestiones, en especial en
función de lo que ocurra con el proyecto de
ley de inmigración. Las compañías tienen un
gran interés en lo que ocurra con eso”, indicó
Mason.
“Pero más allá de la presión que puedan
hacer, también buscan otros nichos de
mercado, y parte de eso es expandirse a
otros países”, añadió.