Presos 3 funcionarios del Cicpc y una abogada por extorsionar a comerciante en Falcón

El Ministerio Público logró privativa de
libertad para tres funcionarios del Cuerpo de
Investigaciones, Científicas, Penales y
Criminalísticas (Cicpc) y una abogada, por
presuntamente solicitarle dinero a un
comerciante de 34 años a cambio de no
implicarlo en el tráfico ilícito de drogas y
ocultamiento de arma de fuego.
El hecho ocurrió el 03 de agosto en el
estacionamiento del centro comercial Ciudad
del Viento en Punto Fijo, estado Falcón.
Durante la audiencia de presentación, el
fiscal 7º con competencia contra la
corrupción, Freddy Franco Peña, imputó a los
detectives Félix Alfonso (35), Carlos Riera
(30), y a la inspectora, Johana Martínez (35),
por los delitos de extorsión agravada,
asociación para delinquir, privación ilegitima
de libertad y simulación de hecho punible.
Asimismo, fue imputada la abogada Jhosmary
Urbina (25) por la presunta comisión de los
delitos de extorsión agravada y asociación
para delinquir.
En este sentido, el Tribunal 3º de Control del
estado Falcón, con base en los elementos de
convicción expuestos por el fiscal, dictó
medida privativa de libertad contra los tres
funcionarios y la abogada; y fijó como sitio
de reclusión la sede de la Policía municipal
de Carirubana.
El pasado 29 de agosto, el comerciante
denunció lo ocurrido ante el mencionado
despacho del Ministerio Público, donde
manifestó que el 03 de agosto fue
interceptado por los funcionarios en el
estacionamiento del referido centro
comercial, cuando se encontraba en compañía
de su hija de cinco años, y le exigieron la
entrega de 50 millones de bolívares para no
implicarlo en delitos de tráfico ilícito de
drogas y ocultamiento de arma de fuego.
Una vez conocida la situación, el fiscal del
caso ordenó el inicio de la investigación y,
conjuntamente con el Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional (Sebin), comenzaron las
diligencias pertinentes.
De esta manera, Alfonso, Riera y Martínez
fueron aprehendidos el lunes 07 de octubre,
durante un procedimiento coordinado por el
Ministerio Público y ejecutado por el Sebin,
en virtud de una orden de aprehensión
acordada por la mencionada instancia
judicial.
Adicionalmente, la investigación preliminar
habría vinculado a la abogada con el hecho
denunciado, razón por la que el Ministerio
Público solicitó una orden de aprehensión que
fue acordada por el Tribunal 3º de Control de
ese estado.