Lo difícil que es denunciar la prostitución en Argentina

La historia a veces raya en lo increíble.
Una mujer denunció a su padre, un exagente
del servicio secreto, por presuntamente
encabezar una red de trata y prostitución en
Argentina y México que incluiría posibles
pagos de sobornos a jefes policiales
argentinos.
Pero tras denunciar el caso, el juez asignado
por el sistema judicial resultó ser amigo de
su padre.
El caso viene aireándose en la prensa desde
hace una semana en Argentina y este martes
la denuncia fue ratificada formalmente ante
el poder judicial, que ahora tendrá la
responsabilidad de dar curso a las pruebas
que recopiló Lorena Martins durante buena
parte de 2011 sobre las supuestas
actividades ilícitas de su padre, Raúl.
Lo que denuncia la mujer es que su padre
maneja varios prostíbulos en Argentina,
desde los cuales envía <>bajo engaño a
mujeres a Cancún, México, donde serían
chantajeadas y extorsionadas hasta acceder
a participar en el negocio del pago por
favores sexuales.
Unas 150 mujeres estarían afectadas en
México y otras 40 en Buenos Aires. Algunas
que lograron volver de la ciudad balneario
mexicana incluso habrían manifestado su
disposición a declarar ante la justicia.
Ni la familia ni la justicia
"Yo vivo fuera de Argentina y no estaba al
tanto de lo que él hacía, pero cuando
empecé a ver algunas cosas hablé con él
para tratar de que rectificase. Al ser su
familiar busqué con el diálogo un cambio de
actitud, pero no lo logré y empecé más bien
a sentirme amenazada por su organización",
señaló Martins a BBC Mundo.
Ella se infiltró por meses en las actividades
de su padre, donde recopiló diferentes
documentos, fotos y videos de lo que
sucedía. Tales pruebas las entregó a fines de
diciembre ante la Unidad Fiscal de Atención a
los Secuestros Extorsivos (Ufase).
Pero la fiscalía derivó el caso hacia la justicia
ordinaria y entró en los llamados tiempos
judiciales, siendo asignada a tres jueces
distintos, lo que ha hecho temer ahora por la
efectividad de la denuncia, al haberse
perdido el elemento de sorpresa para allanar
los lugares señalados.
Además, según determinó el sorteo del
poder judicial, el juez que asumió finalmente
resultó ser Norberto Oyarbide, quien según
Martins es amigo de su padre desde hace
más de 10 años. El magistrado aún no se ha
apartado voluntariamente del caso.
"No puedo entregar pruebas y documentos a
un juez que es amigo de mi padre", aseveró
Martins.
La denunciante solicitó formalmente la
recusación de Oyarbide, pero aceptó acudir a
la citación de tribunales de este martes -para
la declaratoria que iniciaría el proceso
judicial respectivo- ante un fiscal de otro
juzgado.
"Fui citada pero no traje las pruebas
suficientes porque no quiero dejarlas con
Oyarbide, que estuvo hasta en casamientos
en mi familia. Mientras él siga designado se
sigue parando la investigación porque no
tengo garantías", señaló Martins.
Trabas
"No solamente hay trabas burocráticas,
también hay un fuerte elemento de
corrupción en estas demoras", señaló a BBC
Mundo Gustavo Vera, de la organización no
gubernamental La Alameda, dedica a
combatir la trata de personas y que asesora
a Lorena Martins.
"Un ejemplo de esta corrupción es que en
Buenos Aires siguen habiendo unos 1.350
prostíbulos pese a que están prohibidos por
ley. Estos lugares son simplemente un caldo
de cultivo para la trata de personas y la
servidumbre de menores", señaló Vera.
Raúl Martins aún estaría viviendo en México,
según el testimonio de Lorena Martins y
también de la escritora mexicana Lydia
Cacho, en el libro "Esclavas del Poder".
El padre de Lorena está siendo procesado en
Cancún por el delito de trata. Sin embargo,
un conflicto jurisdiccional entre la justicia
federal y la del estado de Quitana Roo han
impedido que el caso avance.
"El problema es que la justicia suele
intervenir cuando surge un escándalo. Pero
cuando la marea baja vuelven las cosas a la
normalidad", señaló Vera.
Como ejemplo, Vera relata que el año
pasado la ONG La Alameda llevó adelante el
caso de una agente policial que denunció
desde adentro a la división de combate a la
trata de la Policía Federal.
"Hubo pruebas sobre cómo algunos
funcionarios regentaban prostíbulos, los
tarifaban, utilizaban a menores, entre otros.
Pero la causa la durmieron (en tribunales)
como tantas otras", agregó.
El gobierno nacional anunció este lunes que
varios comisarios habían sido separados de
sus cargos a raíz de las denuncias de Lorena
Martins, mientras se investiga su relación con
las acusaciones.
Sin embargo, organizaciones de combate a la
trata aclararon que dichos comisarios ya
fueron separados de sus cargos en marzo,
cuando se efectuó un primer operativo sobre
los nexos económicos de la prostitución.
"Muchos siguen cobrando y sin ser
procesados", afirmó Vera.
Amenazas
Las denuncias de Lorena Martins, sin
embargo, han llegado con un costo.
"Yo me fui enterando de las cosas y el nivel
de discusiones con él fueron escalando hasta
tal nivel que en octubre pasado envió unos
hombres a amedrentarme a mi casa",
aseguró a BBC Mundo.
"Me convertí en un riesgo para él y su
organización", agregó.
Desde que se hizo pública la denuncia el
Ministerio de Seguridad y Justicia le designó
una escolta policial para su protección.
Mientras, el caso proseguirá esta semana en
tribunales, a donde fue citada de nuevo a
declarar a finales de la semana.
"Aunque nosotros le tenemos más fe a la
causa en México, donde ya hay un
procesamiento, que en Argentina", señaló
Vera.
Según Naciones Unidas la trata de personas
es el tercer negocio ilegal que mueve más
dinero en el mundo.