Crímenes de Pablo Escobar siguen vigentes: gobierno colombiano indemnizará a una de sus víctimas

El Estado
colombiano admitió por primera vez
indemnizar a una víctima de la
violencia desatada por el abatido capo
del narcotráfico Pablo Escobar, en una
decisión producida 24 años después del
crimen y conocida este jueves.
La estatal Unidad para la atención y
reparación integral a las víctimas, informó
que “reconoció a Fabricio Arellano
como víctima del conflicto armado (del
país) por el homicidio de su padre
Gerardo María Arellano Becerra”, en un
comunicado.
Arellano
Becerra
fue
uno
de
los
110
muertos
que dejó la explosión de una bomba
puesta por orden de Escobar en un vuelo
comercial doméstico, en uno de los
múltiples hechos de violencia que el capo
generó en su guerra contra la extradición
de narcotraficantes a Estados Unidos.
Este es el primer reconocimiento que
hace el Estado colombiano de una víctima
del extinto capo del otrora poderoso y
temido cártel de la cocaína de
Medellín, la mayor organización mafiosa
que haya existido en Colombia.
Escobar fue abatido por la Policía el 2
de diciembre de 1993 en la ciudad de
Medellín (400 km al noroeste de Bogotá).
La directora de la Unidad de reparación a
las víctimas, Paula Gaviria, dijo que el
reconocimiento del caso de Arellano
Becerra no significa que todas las
víctimas del capo “van a ser
reparadas”, indicó el comunicado.
El reconocimiento en este caso responde
a una lucha jurídica de varios años
librada por Fabricio Arellano, un abogado
especializado en derechos humanos y
quien preside la ONG ‘Colombia con
memoria’, que trabaja con las víctimas del
narcotráfico.
Según dijo Arellano a la prensa, las
víctimas de Escobar superan las
50.000.
La indemnización que recibirá Arellano se
enmarca dentro de una ley que impulsó el
gobierno del presidente Juan Manuel
Santos para reparar a las víctimas del
conflicto armado que padece el país
desde hace casi medio siglo.
La ley, promulgada en junio de 2011,
enmarca la indemnización a las víctimas
de grupos guerrilleros, paramilitares y
de agentes de la fuerza pública a partir
de 1985 (cerca de 4 millones) y restituirá
tierras a desplazados a partir de 1991
(unas 400.000 familias).
Gaviria advirtió que Arellano no recibirá
de inmediato la “indemnización
administrativa” , porque según explicó
“se aplica ciertos criterios de gradualidad”
para las víctimas de conflicto más
vulnerables.