Canadiense dejó millonaria mina de oro por altos impuestos en nueva Ley Minera

En Ecuador, la empresa le dijo no al
presidente Rafael Correa a una carga
impositiva del 70% y abandonó un yacimiento
de $us 10.000 millones en reservas y $us 250
millones de inversión.
- Expertos temen que en Bolivia ocurra una
réplica del fenómeno ecuatoriano como
efecto del intento de COMIBOL de aplicar un
sistema impositivo que llegaría al 91% de
participación del Estado en las utilidades.
“No gracias”, le dijeron al presidente
ecuatoriano Rafael Correa, la semana
pasada, los ejecutivos de la compañía minera
canadiense Kinross Gold Corp –la quinta
empresa de explotación de oro en el mundo–
a un contrato con el 70% de participación
para el Estado en las utilidades y anunciaron
su retiro del mega proyecto Fruta del Norte
que tiene reservas probadas de $us 10.000
millones. Frente a esta situación, expertos
bolivianos expresaron su temor de que el
fenómeno ecuatoriano se replique en el país
debido a la excesiva carga impositiva que la
nueva Ley Minera aplicaría a las inversiones
externas.
Paul Rollinson, aseguró a Reuter según el
periódico digital Notiamérica de Quito que se
negó a ceder sobre un impuesto a los
ingresos extraordinarios. "A veces el mejor
acuerdo es el que no se firma y éste parece
ser el caso", señaló. La medida es un "golpe"
para el presidente ecuatoriano, Rafael
Correa, quien envió un paquete de reformas a
la Ley de Minería, en un intento por destrabar
las negociaciones con Kinross y atraer
inversión foránea al incipiente sector. La
mina Fruta del Norte está ubicada en la
provincia amazónica de Zamora Chinchipe y
alberga reservas estimadas en 6,8 millones
de onzas de oro y 9,1 millones de onzas de
plata.
“Si eso está ocurriendo en Ecuador, una
especie de huida de los capitales por la
elevación de impuestos hasta el 70%, no es
difícil imaginar qué pasará en Bolivia si se
aplica la carga impositiva para las inversiones
privadas que tienen contratos con Comibol de
67% al 91% si la nueva Ley Minera otorga a
la estatal una participación del 55% en las
utilidades generadas por operadores
privados”, afirmó hoy el analista del sector
minero de la Fundación Pazos Kanki, Henry
Oporto.
Recientemente el canadiense Glenn Nolan,
presidente de la Asociación de Prospectores y
Desarrolladores Mineros de Canadá y jefe
indígena de la Primera Nación Missanabie
Cree, durante un Coloquio realizado en La
Paz dijo que el alto nivel impositivo limitará
las inversiones en Bolivia.
Oporto, dijo que lo ocurrido en Ecuador es
una señal para Bolivia. “Ni siquiera la
decisión de último instante del gobierno
ecuatoriano de recaudar este impuesto, luego
de que las compañías recuperaran sus
inversiones, impidió que Kinross anunciara
que abandonaba el proyecto de oro, porque
las condiciones tributarias y de precaria
seguridad jurídica hacían inviable la
explotación, no obstante haber invertido al
menos US$ 250 millones en labores
exploratorias”.
Explicó que la tasa del 70% se aplicaría
cuando el precio supere el valor de US$
1.700 la onza de oro, al señalar que “lo
curioso es que ahora el precio del oro se
cotiza en US$ 1.220 y con tendencia a la
baja, según muchas previsiones, por lo que,
habiendo quedado atrás el ciclo de altos
precios en la minería, parece imposible que
el precio de este metal vuelva a escalar a los
niveles de US$ 1.900 por onza Troy
(Septiembre de 2011).
Duro golpe a la credibilidad
En su criterio lo de Kinross propina un duro
golpe a la credibilidad de la política
ecuatoriana, justo en el momento en que
Rafael Correa conseguía la aprobación de
reformas a la Ley de Minería de 2009,
justificadas, paradójicamente, en el propósito
de atraer inversión extranjera.
“La ironía de este caso es que las autoridades
ecuatorianas se ufanaban que sus medidas
tributarias aportarían la rentabilidad más
alta del mundo de la minera con un
asombroso 52%. Pero estos funcionarios no
repararon en que el 52% de cero es solo
cero, como refiere un informe de Analytica
Investments de Quito”, dijo.
Situación en Bolivia
Recordó que como en Ecuador, en Bolivia
también se prepara el cambio de la
legislación minera donde “las autoridades y
alguna dirigencia sindical, se empeñan en
subir los impuestos, incluyendo una
participación de COMIBOL con el 55% de las
utilidades en los contratos de esta empresa
con operadores privados”.
“Si uno compara esto con la política
ecuatoriana –afirmó– se podría decir que
incluso ésta última es hasta cierto punto más
lógica, puesto que lo suyo es un impuesto
adicional a las ganancias extraordinarias,
mientras que en Bolivia se quiere cobrar ese
55%, independientemente del tamaño de las
ganancias”.
Ya se ha demostrado con datos concretos que
a niveles de utilidades normales o
moderadas, esa participación del 55% haría
que la participación del Estado en la renta
minera si sitúe entre el 83 y el 91%, dejando
una utilidad neta tan exigua que difícilmente
el operador privado tendría margen para
poder efectuar inversiones en sus
operaciones, recordó Oporto.
Para el coautor del libro “Los dilemas de la
minería” el contrasentido es que lo que más
aqueja a la minería boliviana es precisamente
la falta de inversiones. Si en Ecuador la
perspectiva, al parecer frustrada, era
desarrollar grandes proyectos mineros, en
Bolivia, con excepción de San Cristóbal y en
menor medida del proyecto San Bartolomé,
no existen emprendimientos mineros de gran
escala; las operaciones se cuentan con los
dedos de la mano, y provienen de inversiones
de hace dos y tres décadas atrás.
Las inversiones no llegarán
“Si alguien tiene la ilusión de que a pesar de
los altos impuestos, es posible atraer capital
extranjero a Bolivia, especialmente asiático,
hay que ver lo que sucede en Ecuador donde
también se habla de apostar a la inversión
asiática y, sin embargo, pasan los años y no
hay inversión, ni asiática, ni norteamericana,
ni europea. Y en Bolivia está sucediendo lo
mismo. La lección es clara: los inversores son
hombres de negocio que no se arriesgarán si
las condiciones tributarias, de seguridad
jurídica y competitividad son tan
desfavorables”, reflexionó.
Señaló que es hora de escuchar la
advertencia de los expertos nacionales y
extranjeros: “Bolivia se queda sin minas
importantes por falta de inversiones. Con un
cuadro adverso como el actual, nuestra
minería puede quedar reducida a unas pocas
empresas estatales de dudosa viabilidad y
muchísimas cooperativas y explotaciones
informales, la mayoría en trance de
sobrevivencia”.